El juez Ismael Moreno, titular del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la causa de las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias de cinco exdirectivos de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas y predecesora del actual NCG Banco, tomó declaración ayer a dos nuevos imputados, el abogado Ricardo Pradas y el excopresidente de Novacaixagalicia Mauro Varela, en un intento por esclarecer los abultados blindajes y si el consejo de administración los conocía realmente cuando los aprobó.
Según confirmaron fuentes presentes en las declaraciones, que se extendieron durante dos horas en total, ambas dieron «muy poco de sí». El abogado madrileño -experto en derecho laboral y único encausado externo a la entidad hasta el momento- está imputado como «colaborador necesario» en los delitos de los que se acusa a los exdirectivos por haber sido quien asesoró y redactó los contratos que posibilitaron las indemnizaciones y prejubilaciones ahora investigadas.
Tres décadas como asesor
Pradas puso en valor ante el juez sus «30 años como asesor de cajas de ahorros -entre otras Caixanova y Caixa Galicia-, y también del Banco de España y la CECA» y, según fuentes de su defensa, sostuvo que «nunca, ni en este caso ni en otros, ha hecho trajes a medida de ningún directivo, sino que siempre se ha basado en trabajos de otros especialistas y en la legislación laboral».
Por ello, aseguró que no se considera «autor ni ideólogo de ningún planteamiento», insistiendo en que su función fue la de asesor, y que a requerimiento del consejo de administración de la entidad y de la comisión de retribuciones y nombramientos -nunca de los exdirectivos-, se limitó a informar.
Sostuvo que en el dictamen que presentó al consejo de administración de la antigua caja en agosto del 2011 - ya en proceso de conversión en banco- solo explicó, sin plantear nada, las indemnizaciones que tendría que asumir la entidad si alguno de los directivos ahora imputados se iba de la firma. Fuentes de su defensa destacaron que también subrayó que los contratos no eran nuevos, sino continuación de los ya existentes.
La tesis de Anticorrupción
Pero Pilar Melero y Concepción Nicolás, las fiscalas Anticorrupción encargadas de la acusación, consideran que Pradas expuso de forma opaca, sin nombres ni cantidades, los abultados blindajes y prejubilaciones, y sus preguntas -según señalaron fuentes jurídicas- estuvieron orientadas a demostrar que el abogado, aunque pagado por la caja, trabajaba realmente para los directivos. Por contra, su defensa sostuvo que la querella de la Fiscalía está llena de incorrecciones e insistió en que se está tratando de «criminalizar» un asunto «exclusivamente laboral». Entiende, además, que Prada debería haber sido citado a declarar como testigo y no como encausado, pero que de ese modo habría «desmontado» la querella de Anticorrupción, que por ello ha preferido imputarlo.
Mauro Varela, también encausado -junto con otras tres personas más- como «colaborador necesario», al formar parte de la comisión de retribuciones de la antigua caja, declaró ante el juez , por su parte, que los integrantes de dicho órgano sí sabían lo que estaban aprobando -las modificaciones de los blindajes e indemnizaciones-, pero que no conocían «el detalle».
Asimismo, el que fue copresidente de Novacaixagalicia aseguró en su declaración que tampoco esperaban que ningún directivo se fuera a ir de la entidad tras su conversión en banco y la llegada del nuevo gestor.
